Según un estudio reciente de Invemar, "de los 3.991 kilómetros de línea de costa analizados en Colombia, el 63 % presentó tendencia erosiva". Es decir, en más de la mitad de las playas colombianas hay una pérdida gradual de la tierra y la arena. Según el senador Marcos Daniel Pineda, son varias las causas de dicho fenómeno, entre ellas el calentamiento global y la falta de planeación y cuidado ambiental de las costas. EL COLOMBIANO habló con él de este tema y del proyecto de ley que impulsa en el Congreso de la República para crear una gobernanza en las playas nacionales.
"Colombia tiene 3.991 kilómetros de playa, tanto en el Caribe como en el Pacífico. Hay 47 municipios costeros. El 50% de las playas ya se encuentran erosionadas, algunas en estado muy crítico. Colombia necesita con urgencia atender una problemática ambiental que no solamente lleva a perder territorio, sino que afecta el turismo y la pesca. Muchos de los habitantes de las zonas costeras están muy afectados y han tenido que desplazarse por este fenómeno".
"Nos referimos a que estamos perdiendo no solamente terreno de playa debido a fenómenos naturales, sino que también estamos perdiendo ecosistemas marinos costeros muy importantes, entre ellos arrecifes, corales, manglares, que son ecosistemas que sirven para proteger nuestras playas. Muchos de los municipios de Colombia ya hoy, desafortunadamente, han perdido playas. Córdoba es el departamento más afectado junto con Atlántico, donde ya el 67% de sus playas están prácticamente destruidas. Eso ha afectado el turismo y todo lo que conlleva la cadena económica de la que viven estas poblaciones".
"Bueno, los fenómenos asociados al cambio climático. Pero también ha existido en Colombia un vacío en la planeación y la prevención de nuestro litoral. En muchos municipios ha habido desorden en la planeación y en la construcción de viviendas, de infraestructura hotelera, que no está en sintonía con la buena planeación del territorio.
No existe hoy una entidad del orden nacional que sea doliente de las playas de Colombia. Los alcaldes de estos 47 municipios no tienen donde tocar puertas, no tienen una entidad que les ayude a cofinanciar proyectos de infraestructura verde. Eso es lo que se necesita: soluciones basadas en la naturaleza para prevenir y contener este tipo de fenómenos que erosionan nuestras playas".
"El Ministerio de Medio Ambiente es el primer responsable, pero hoy no existe una gobernanza que le dé una política pública al litoral colombiano. El proyecto de ley Salvemos las playas de Colombia busca esa gobernanza creando un sistema bio-oceánico nacional, donde van a tener asiento el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Unidad de Gestión de Riesgos, la DIMAR. Allí trazarán una política interinstitucional y tendrán un organismo rector que ayude a planear acciones de mitigación contra fenómenos de erosión".
"Si no buscamos un mecanismo legal que ayude a regular el litoral, una gobernanza que permita apadrinar y un organismo interinstitucional que trace una política frente al tema, Colombia va a perder kilómetros de playa en el mediano plazo.
Ahora bien, esta ley también crea un fondo para financiar este tipo de proyectos a través de una subcuenta que se le está añadiendo al fondo de la biodiversidad que administra el Ministerio de Vivienda. La ley trae algunas fuentes de financiación que sobre la marcha aspiramos a seguir retroalimentando. La ley busca que el fondo se nutra del 80% del impuesto a las bolsas plásticas. Es aún insuficiente".
"Efectivamente, Colombia es un país lleno de estudios que quedan en los anales de las bibliotecas. Hemos gastado cualquier cantidad de recursos en todo tipo de investigaciones y de estudios, pero cuando uno llega al territorio, pocas acciones encuentra. Y en este caso, los estudios que se han hecho durante muchos años frente a la prevención del litoral colombiano hoy muestran que el 50% de nuestras playas se encuentran erosionadas.
La ley lo que busca es darle dientes a esta problemática: darle obligatoriedad a ciertas entidades del orden nacional para que se vuelvan responsables de problemas y, desde luego, financiación. De tal manera que la ley sí puede convertirse en un instrumento legal y una herramienta de gestión para llevarle resultados más concretos al territorio y poder salvar las playas de Colombia".
"El proyecto tuvo un primer intento en el cuatrienio anterior, donde desafortunadamente no alcanzó a aprobarse en los cuatro debates. Se aprobó en dos, pero faltó la aprobación en Cámara. Ayer se aprobó ya en comisión quinta del Senado el primer debate. Ahora pasa a plenaria de Senado. La meta es que en junio del próximo año podamos tener ojalá esta ley aprobada y sancionada".
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