Conforme a los Criterios Generales de Política Económica para 2027, el gasto en protección social propuesto para el próximo año alcanzará un nivel sin precedentes. Históricamente, estos recursos han tenido un papel protagónico en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) al buscar, en principio, aliviar la pobreza, reducir la desigualdad y proteger a los sectores más vulnerables.
Con una asignación de 2.55 billones de pesos, la protección social registrará un crecimiento real anual del 3.3% en 2027. Un componente esencial de este rubro son los programas sociales prioritarios, pues suelen ser la herramienta preferida por los gobiernos para cumplir con fines económicos, sociales y hasta electorales. En 2019, estos representaban el 0.9% del PIB, para 2027 se estima que alcancen el 2.6%, lo que supone un incremento acumulado del 238% y un ritmo de crecimiento anual promedio del 16%.
Las pensiones no contributivas (Adultos Mayores, Personas con Discapacidad y Mujeres Bienestar) concentrarán el 62.4% del presupuesto destinado a los programas sociales prioritarios. Por sí sola, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores concentrará el 53% del total. De los tres programas, el único que registró un incremento respecto al año anterior fue la Pensión Mujeres Bienestar, con un modesto avance del 0.9%.
Si bien es fundamental el análisis de la asignación de los recursos año tras año, resulta indispensable evaluar los resultados y el costo de oportunidad que implica privilegiar ciertos rubros sobre otros. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, los programas sociales benefician más a las comunidades rurales (con un promedio de 665 pesos mensuales adicionales respecto a los hogares urbanos), lo que sugiere una mayor focalización en zonas con mayores niveles de rezago.
En este sentido, las transferencias duplicaron el ingreso familiar por programas gubernamentales entre 2016 y 2024 (+102%) y contribuyeron a que la pobreza multidimensional alcanzara, en 2024, su nivel más bajo registrado, al situarse en 38.5 millones de personas (frente a los 55.7 millones de 2020).
Sin embargo, al desglosar los indicadores por carencia social, el panorama es mucho menos alentador. Aunque el presupuesto de salud para 2027 ascenderá a 1.13 billones de pesos (2.9% del PIB y un aumento real del 10.8%), el monto equivale a menos de la mitad del 6% del PIB recomendado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Un patrón similar ocurre en educación, con 1.3 billones de pesos (3.3% del PIB y un alza del 7.6%), el gasto se ubica lejos del rango de 4% a 6% recomendado por la UNESCO.
Esta falta de inversión, se ha visto reflejada en el cumplimiento de los derechos sociales de la población. Aunque la carencia por acceso a servicios de salud se redujo en 2024 a 44.5 millones de personas (tras el pico de 50.4 millones en 2022), la cifra sigue estando considerablemente por encima de los 18.8 millones registrados en 2016. Por su parte, el rezago educativo afecta a 24.2 millones de personas, una cifra aún superior a los niveles previos a la pandemia.
La evolución de estos datos confirma que el Estado ha apostado por la entrega directa de efectivo en detrimento de la inversión en infraestructura, equipamiento e innovación social. Si bien las transferencias sociales pueden aliviar las condiciones económicas de los hogares, no sustituyen la provisión de servicios públicos. El apoyo directo pierde su propósito cuando las familias se ven obligadas a usarlo en consultas, medicamentos o servicios educativos privados para compensar las deficiencias de los servicios públicos. El gobierno no debe olvidar que su responsabilidad constitucional va más allá de dispersar recursos. Se requiere una política social capaz de apuntalar el ingreso de los hogares y, al mismo tiempo, garantizar el acceso universal y de calidad a los servicios públicos más esenciales para la población.