Las cooperativas de vivienda buscan abrirse espacio en México como una alternativa ante la crisis habitacional, mientras el gobierno apuesta por una producción de casas a gran escala bajo un modelo centrado en la propiedad privada individual, lo que abre la discusión sobre otras formas de acceder y habitar un hogar.
En un país con más de 8.8 millones de hogares en déficit habitacional y con un programa en el que la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) cuenta con recursos públicos por 30,000 millones de pesos anuales para la edificación de 500,000 viviendas durante el sexenio, de una meta gubernamental de 1.8 millones de casas, las cooperativas buscan encontrar un espacio dentro de una política habitacional que apuesta por la producción masiva de vivienda.
Las cooperativas de vivienda plantean una alternativa al modelo tradicional porque permiten que un grupo de personas se organice para acceder, construir y administrar su vivienda de manera colectiva, con la posibilidad de reducir costos y participar directamente en las decisiones sobre el espacio que habitarán.
La publicación Cooperativas de vivienda: de la experiencia a la acción pública plantea que estos esquemas pueden abaratar la producción mediante la autogestión y la ayuda mutua, además de permitir la participación de los habitantes en el diseño y administración de su hábitat.
Durante la presentación de la publicación, Jaime Rello, activista y coautor del documento, recordó que el modelo tiene sus raíces en las reivindicaciones laborales por el acceso a una vivienda adecuada.
"El cooperativismo surge de la lucha sindical y entonces tenía una fuerza muy importante en esos tiempos, porque era una reivindicación de los trabajadores del derecho a una vivienda adecuada".
Rello añadió que "los valores de las cooperativas tienen que ver con esas reivindicaciones: la solidaridad, el uso común".
En México, las experiencias de vivienda cooperativa no son nuevas, aunque su presencia ha sido limitada frente al modelo tradicional de propiedad individual. La publicación documenta casos como Palo Alto, Tochant, USCOVI, Guendalizá y Xochiquetzalli, además de otras experiencias desarrolladas a lo largo de varias décadas.
El documento señala que las cooperativas pueden reducir los costos de producción y adquisición para sus integrantes, además de permitir que los habitantes participen directamente en el diseño y conformación de los espacios que ocuparán.
Esta lógica contrasta con un mercado habitacional basado en la propiedad individual y la expansión periférica, modelo al que la publicación atribuye parte de los problemas acumulados de la política habitacional.
Frente a la escala de la política habitacional actual, Guillermo Delgado, arquitecto y autor de la publicación, planteó durante la presentación la posibilidad de destinar una pequeña parte del programa gubernamental a este modelo.
"Si 1% (del programa federal) se pudiera lograr con cooperativas de vivienda, pues ya ganamos, para un arranque, un primer arranque a escala", planteó Delgado.
El caso uruguayo muestra hasta dónde puede llegar este modelo cuando existe un marco institucional para desarrollarlo. En 1968 se promulgó en ese país una ley de cooperativismo de vivienda y, desde entonces, se formó una estructura alrededor de este esquema con el impulso de sindicatos, federaciones, cooperativas e instituciones de asistencia técnica.
Pablo Antonaz, presidente del Instituto de Asistencia Técnica CET-PVS de Uruguay, explicó durante la presentación que alrededor de 80,000 viviendas o familias han construido su vivienda mediante el sistema cooperativo y destacó que 50% del presupuesto del Ministerio de Vivienda de Uruguay se destina al cooperativismo habitacional.
El especialista destacó que las cooperativas de vivienda y los institutos de asistencia técnica fueron creados dentro del mismo marco legal y que estos últimos acompañan a las organizaciones en el desarrollo de sus proyectos.
La presentación también puso sobre la mesa otras formas de entender el acceso a la vivienda, desde el aprovechamiento comunitario del suelo hasta experiencias de organización colectiva que buscan atender a grupos que enfrentan mayores obstáculos para acceder al mercado habitacional.
María Dolores Gutiérrez Morales, integrante de Constituyentes, destacó que 60% de la tierra que necesitan las ciudades para crecer se encuentra en los ejidos, de acuerdo con el dato que presentó durante el encuentro, y planteó recuperar la dimensión comunitaria de esos territorios frente a las presiones del desarrollo urbano.
"Creo que tenemos una gran oportunidad de regresar a hacer la comunidad en forma común".
En el caso de la Cooperativa de Vivienda Tochan, ubicada en Azcapotzalco, Arianne Résendiz Flores, integrante del proyecto, explicó que el grupo está conformado por 21 familias, en su mayoría mujeres, y que la organización surgió de un proyecto comunitario de producción y gestión social del hábitat.
La integrante de Tochan explicó que el proceso de organización comenzó desde el propio terreno, antes de que las familias ocuparan sus viviendas. "En Tochan, eso es algo que se ha implementado principalmente tratando de apropiarnos desde el terreno, es decir, cuando se les entregó el predio a las compañeras en el 2015, ellas empezaron a trabajar el predio. Eso ya hace que tengas un vínculo con el lugar donde vas a habitar".
El caso de las poblaciones LGBT también apareció como otra vertiente del cooperativismo de vivienda. Octavio Mandujano, docente y autor del artículo sobre diversidad sexual y de género incluido en la publicación, presentó su experiencia con la Cooperativa Xochiquetzalli y explicó las dificultades que enfrentan las personas LGBT para acceder a una vivienda.
Mandujano señaló que Xochiquetzalli es la primera cooperativa LGBT de vivienda en México y que su creación fue posible después de una reforma del 2019 que permitió priorizar a grupos de atención prioritaria en el acceso habitacional.
El especialista expuso que tres de cada 10 personas se negarían a rentar una vivienda a una persona LGBT, mientras que estimó que alrededor de 30% de los jóvenes en situación de calle pertenecen a esta comunidad.
Para que estas experiencias puedan dejar de ser casos aislados y convertirse en una alternativa dentro de la política habitacional mexicana, la publicación plantea reconocer legalmente la propiedad colectiva y la cesión de uso, crear esquemas específicos de financiamiento, facilitar el acceso a suelo público bien localizado y fortalecer la asistencia técnica para los proyectos cooperativos.
Lucía Santacruz, socióloga y coordinadora de la publicación, planteó que las cooperativas también pueden convertirse en espacios para probar nuevas formas de producir y habitar la vivienda, con participación directa de las comunidades y criterios de sostenibilidad.
"Las cooperativas pueden ser una forma de darle agencia a la gente para crear proyectos para que sus edificios sean más eficientes, para que contaminen menos, pero también me interesa mucho el tema de la democracia y los derechos humanos".