El pasado 18 de septiembre de 2026, en Ginebra, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU su informe anual, en el que se analizan las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en el país entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026.
Este informe principal vino acompañado por dos documentos de investigación que desarrollan y profundizan sus hallazgos: "La continuidad del aparato represivo del Estado" y "Los grupos civiles armados llamados colectivos y sus vínculos con el Estado".
La conclusión central de la Misión es contundente: transcurridos ocho meses desde la intervención militar estadounidense y la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, las limitadas acciones de apertura del Gobierno interino de Delcy Rodríguez no constituyen una ruptura genuina, estructural ni sostenida con la política estatal de represión previamente documentada por la Misión.
Si bien buena parte del impacto mediático y político del informe ha gravitado en torno a la persistencia de las graves violaciones de derechos humanos —con énfasis en la tortura, los presos políticos y la impunidad—, sus hallazgos también dejan al descubierto importantes repercusiones para la viabilidad del proceso de democratización del país.
De acuerdo con la evaluación de la Misión, las limitadas medidas de liberalización política por parte del interinato —tutelado por Washington— han sido "parciales, condicionadas y reversibles"; y no existen motivos para suponer que no sean una simple "adaptación táctica" de los métodos de represión.
Como resumió la presidenta de la Misión, Sofía Macher, en su declaración del 17 de septiembre: los cambios son cosméticos; en la práctica, nada ha cambiado; el aparato represivo sigue intacto, plenamente operativo y listo para reactivarse si alguien "se sale de la raya".
A efectos prácticos, el interinato de Rodríguez —informalmente llamado "delcinato"—ha modificado los mecanismos y la intensidad de la represión, sin abandonar su objetivo de fondo: mantener el control social, imponer la sumisión política y "silenciar, desalentar y reprimir a la oposición".
Este escenario reviste una importancia crítica para el futuro de la transición venezolana. Hoy, el acuerdo general dentro de la comunidad académica es que el aparato represivo no es un actor más entre otros dentro de una transición: es, junto con el control judicial, el actor cuya subordinación efectiva al Estado de derecho y a un genuino proceso de transición democrática constituye la condición necesaria, mas no suficiente, para que una apertura política se convierta en una democratización real.
A lo largo de su investigación, la Misión reúne evidencias que muestran que la limitada apertura política del interinato no ha venido acompañada de un desmantelamiento real de los principales engranajes del ecosistema represivo, el cual sigue plenamente operativo.
La primera evidencia es la reasignación o continuidad en cargos públicos de actores implicados en la represión. La Misión identificó en puestos clave del Gobierno —incluso en las fuerzas de seguridad y en los organismos de inteligencia— a al menos doce personas que han sido señaladas en informes anteriores por haber cometido, ordenado, facilitado o contribuido a violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad a lo largo del último decenio. Entre los casos más relevantes están Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores; Gustavo González López, ministro de Defensa; Vladimir Padrino López, ministro de Agricultura; y Alexander Granko Arteaga, miembro de las altas esferas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.
La Misión extendió su señalamiento hasta la cúpula actual del poder político, al resaltar que Delcy Rodríguez ocupó altos cargos durante los ciclos más duros de la represión y que, como vicepresidenta ejecutiva desde el 2018, tuvo bajo su supervisión al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Asimismo, señala a su hermano Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, quien fue una pieza clave en la promoción del marco jurídico que hizo posible la persecución política.
Otra evidencia relevante es la continuidad de las instituciones involucradas en la represión. La Misión constató que los principales cuerpos de seguridad e inteligencia que forman parte del cuerpo represivo del Estado —tales como CICPC, DGCIM y SEBIN— continúan operando bajo las mismas estructuras y reglas. Incluso, se corroboró que estos organismos han continuado directamente involucrados en graves violaciones de derechos humanos. A esto se suma la persistencia del marco jurídico utilizado para perseguir y criminalizar la disidencia.
Finalmente, la Misión corrobora la persistencia de otro engranaje clave del ecosistema represivo: los grupos civiles armados llamados "colectivos". Estos grupos no constituyen actores marginales, sino que son parte central del aparato represivo estatal. Durante años han combinado funciones de vigilancia, inteligencia, control social y coerción, actuando en coordinación, complementariedad o convergencia con instituciones y agentes del Estado. Tras la salida de Maduro, optaron por un "repliegue relativo", no han sido desarmados y han mantenido patrullajes urbanos, labores de inteligencia vecinal y control sobre economías legales e ilegales.
El plan de tres fases trazado desde Washington —estabilidad, recuperación y transición— priorizó el control de los recursos de Venezuela por sobre la democratización. La propia Misión advierte que este "enfoque actual, centrado principalmente en abrir la industria petrolera venezolana a la inversión y al control internacional" corre el riesgo de "desviar la atención y eclipsar las medidas" necesarias en materia de derechos humanos.
El plan trazado desde Washington para la transición venezolana ha priorizado el control de los recursos de Venezuela por sobre la democratización.Venezuelan Presidency/AFP
La experiencia comparada de la "tercera ola democrática" confirma el riesgo que eso implica: la persistencia de los aparatos represivos tras una liberalización puede convertirlos en poderes de veto de facto, distorsionar la competencia política, limitar la autoridad de futuros gobiernos democráticos y mantener abierta la posibilidad de un estancamiento o una reversión autoritaria.
Mientras no se depure este ecosistema represivo y se dependa de él para garantizar el control social, la seguridad, la estabilidad política y económica del país, y la cooperación, estos actores conservarán su capacidad institucional y armada intacta, lo cual les otorga un importante apalancamiento de negociación, impunidad de facto y capacidad para obstaculizar la democratización futura.
Expertos como Scott Mainwaring advierten que este tipo de redes represivas pueden sobrevivir décadas después de una transición formal, por lo que desmontarlas o debilitarlas tempranamente aumenta las probabilidades de construir democracias más fuertes.
Sin una depuración real del aparato coercitivo chavista y un rompimiento de la dependencia del interinato respecto de estos actores, la apertura actual seguirá siendo, como advierte la propia Misión, meramente cosmética: una liberalización reversible que no logre convertirse en una genuina transición democrática.
No dejes que el algoritmo oculte las noticias. Si confías en este sitio para obtener información confiable, por favor dedica un momento a seleccionarnos como tu fuente preferida en Google: haz clic aquí y marca el casillero o pulsa el botón de DW.com para ver siempre nuestras noticias verificadas en tus preferencias.
(rml)