A un año de su puesta en marcha, la reforma judicial ya provocó que tres de cada 10 empresas en el país tomaran la decisión de reducir inversiones o en su caso posponer sus capitales, denunció la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), quien exigió a las autoridades judiciales evaluar sus resultados.
Además de que siete de cada 10 empresas reporta impactos negativos de la reforma judicial, al mantener cautela en sus proyectos ante la falta de certidumbre, reveló la primera medición del Monitor Judicial de Data Coparmex.
Con la participación de 3,721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales de Coparmex, los resultados de la Encuesta de Data Coparmex muestran la magnitud de esta inquietud: 67.8% de las empresas reporta un impacto negativo en sus decisiones de inversión o expansión derivado de la Reforma Judicial, mientras que solo 3.6% identifica efectos positivos.
"La incertidumbre jurídica se ha convertido en un factor que influye directamente en la planeación, expansión y desarrollo de los negocios en México", aseveró.
Por tanto, el sector empresarial señaló que frente a la evidencia que proporcionan las empresas, "consideramos indispensable pasar de la discusión sobre el diseño de la reforma judicial a una evaluación permanente de sus resultados y de sus efectos sobre quienes producen, invierten y generan empleo".
"México necesita un sistema de justicia que responda a los problemas de acceso, lentitud, corrupción e impunidad, pero también que preserve la independencia judicial, la profesionalización, la imparcialidad y el Estado de derecho", dijo el presidente del sector patronal del país, Juan José Sierra.
El análisis de Data Coparmex muestra un cambio en la manera en que las empresas gestionan sus riesgos. El 46.3%, es decir, la mitad de ellas, ya modificó su estrategia de protección jurídica mediante ajustes en contratos, mecanismos de arbitraje, seguros o estrategias de litigio, mientras que otro 34.5%, es decir, 4 de cada 10, evalúa realizar cambios en su operación.
En conjunto, 80.8% de las empresas, ocho de cada 10 de ellas, ya modificó o analiza modificar su arquitectura jurídica de prevención, convirtiendo a la incertidumbre en un costo adicional de operación.
Esta situación se relaciona con una percepción de menor certeza jurídica. El 55.9% de las empresas considera que disminuyó la certidumbre respecto de la protección de la propiedad, el cumplimiento de los contratos y el acceso al amparo, frente a solo 3.3% que identifica una mejora. Para quienes invierten y generan empleo, la certeza jurídica significa contar con reglas previsibles, autoridades independientes, procesos imparciales y mecanismos eficaces para hacer cumplir los derechos.
El dirigente urgió a corregir aquello que genere incertidumbre y para construir las condiciones institucionales que permitan que los recursos destinados a inversión se conviertan en proyectos, empleos y crecimiento.
Después de una transformación constitucional de esta magnitud, la discusión ya no puede concentrarse únicamente en quiénes integran los tribunales o cómo fueron electos, sino en sí la justicia funciona mejor. Menos rezago, resoluciones oportunas y mayor certeza jurídica deben convertirse en parámetros objetivos para medir los resultados de esta nueva etapa, estableció.