El 28 de septiembre, el Departamento de Estado de EE.UU. (DOS) anunció unas nuevas restricciones de visas dirigidas a ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Esta medida forma parte de la política enfocada en funcionarios extranjeros, empresarios y otras personas que estarían vinculadas a actores de corrupción o narcotráfico.
Thomas Pigott, portavoz del DOS, a través de un comunicado dijo: "Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden ingresar libremente en EE.UU.". En esa misma línea, señaló que las medidas están orientadas a "defender la gobernanza democrática" del hemisferio "frente a la corrupción y el narcotráfico".
La base legal del DOS en la que se está aplicando la medida es la sección 212(a)(3)(C) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), que permite impedir el ingreso de determinadas personas cuando su presencia o sus actividades puedan generar consecuencias graves para la política exterior de EE.UU.
Cabe mencionar que la disposición también puede alcanzar a los familiares directos de las personas sancionadas. Asimismo, el gobierno estadounidense indicó que la medida se enmarca en los compromisos asumidos durante la Cumbre de Doral y en la declaración de líderes de la iniciativa Escudo de las Américas, suscrita el 22 de septiembre.
En resumen, la medida no establece una prohibición de ingreso para todos los ciudadanos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, pues las restricciones solo se aplican a personas identificadas individualmente por el DOS bajo estas disposiciones de la legislación migratoria estadounidense.
En Bolivia, el DOS informó sobre la revocación de 12 visas, con restricciones que también alcanzan a los familiares directos. A continuación, entre las personas incluidas figuran:
Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior
Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer del Departamento de Santa Cruz
Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz
Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal en el Departamento de Santa Cruz
Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional
Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior y exfiscal departamental de Chuquisaca
Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional
Alberto Samuel Soto de la Vía, expresidente ejecutivo interino de la Aduana Nacional
Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia
Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez público mixto civil y comercial, de Familia e Instrucción Penal Primero de La Guardia
Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana
José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
Además de ellos, se incluyen a otros nueve ciudadanos de Bolivia que no tenían visa, ellos han sido impedidos tanto de solicitar o conseguir documentos de viaje estadounidenses en el futuro, junto a sus familiares directos.
En Colombia, las visas de Martha Isabel Peralta Epieyú y Euclides Antonio Torres Romero fueron revocadas, junto con las de sus familiares directos. Mientras que en Ecuador, existen restricciones y cancelaciones de documentos para dos ciudadanos que no fueron señalados por la agencia estadounidense y sus respectivas familias. En el Perú, la medida afectó a Juan Carlos Núñez Matos, juez del Primer Juzgado Especializado en lo Constitucional de Lima.