Menos de la mitad de la capacidad militar de Colombia (46 %) está disponible para operaciones. Esto en un contexto en el que han aumentado los ataques contra la Fuerza Pública (62 %), las acciones contra infraestructura y bienes civiles (59 %) y los ataques con drones por parte de grupos armados (132 %). Al mismo tiempo, entre 2024 y 2025, los principales grupos armados ampliaron su influencia de 562 a 627 municipios.
Así lo detalla la Fundación Ideas para la Paz (FIP) en un informe que presentó junto a la Konrad Adenauer Stiftung (KAS) y la embajada de Suiza en Colombia.
El documento expone que el país enfrenta un rezago acumulado que supera los $100 billones, según una estimación reportada por el Ministerio de Defensa durante la transición de gobierno.
Le puede interesar: Estos son los argumentos de una acción popular ante la Justicia que busca frenar la compra de 17 aviones Gripen
Pero, ¿por qué se dice que solo el 46 % de la capacidad militar del país está disponible? Vamos por partes. En el componente aéreo, el 55,5 % del inventario aparece fuera de servicio. En el naval y fluvial, la cifra es de 48,1 %.
Mientras, en el componente terrestre la restricción tiene que ver con déficits presupuestales de sostenimiento de 96 % en artillería, 93 % en trasportes y 78 % en caballería.
En palabras más simples, falta la plata necesaria para el mantenimiento preventivo, las reparaciones, los repuestos y el combustible que permiten que los distintos equipos funcionen correctamente.
Por eso, la FIP propone que se deberían recuperar las capacidades que aún pueden responder a las necesidades actuales, anticipar la renovación de aquellas cuya pérdida salga más cara en términos de control territorial, y preservar su vigencia tecnológica.
Otro reto es el presupuesto. Si bien ha crecido en términos reales, su participación dentro del Presupuesto General de la Nación pasó de 22,4 % en 2003 a 14,7 % en 2025.
Adicionalmente, los costos de personal activo y retirado representaron el 76,2 % del presupuesto del sector en 2025. El documento alerta, a su vez, que esta estructura deja un margen limitado para financiar simultáneamente operación, mantenimiento y modernización.
Entre 2015 y 2025, los costos estimados de operación crecieron tres veces más rápido que los recursos disponibles para cubrirlos, según el informe. Esto significa que los recursos alcanzan para menos combustible, repuestos y mantenimiento que hace una década.
Ahí también entra el personal. El pie de fuerza de las Fuerzas Militares creció en un 47 % entre 2002 y 2010, dato clave porque implica que quienes ingresaron durante ese periodo están entrando actualmente en el periodo en el que adquieren derechos de retiro, entre 2022 y 2035.
Sumado a eso, el valor presente de las obligaciones ya reconocidas por asignaciones de retiro, invalidez y sustitución pensional ascendía en 2024 a cerca de $50 billones.
El informe alerta que esto resulta "especialmente relevante" para áreas como inteligencia, ciberdefensa, guerra electrónica, vigilancia, datos e inteligencia artificial, que requieren perfiles especializados cuya formación puede tomar años.
El país atraviesa por un momento de seguridad más complejo, que incluye grupos armados con un desarrollo armamentístico más avanzado.
En esa transformación tecnológica han sido claves los drones. Las acciones contra la Fuerza Pública usándolos pasaron de 119 en 2024 a 277 en 2025, un incremento del 132 %.
Según otro reporte de la Defensoría del Pueblo, entre enero y mayo de 2026 los ataques con sistemas aéreos no tripulados aumentaron 146 %, con un crecimiento sostenido mes a mes: pasaron de 13 casos en enero a 32 en mayo, el nivel más alto del periodo.
En ese sentido, la FIP indica que adaptarse a ese cambio obliga a contar con capacidades "más oportunas, precisas y flexibles", que puedan responder a operaciones "más frecuentes y prolongadas", así como a "innovaciones" que avanzan más rápido que la inversión pública.
Dicho de otro modo, para el Estado hay más trámites y límites que los que tienen los grupos armados para avanzar. Justo en este asunto, el gobierno de Gustavo Petro se propuso adquirir un "Escudo Antidrones" que quedó estancado y lleno de polémicas y cuestionamientos.
Volviendo al informe, este indica que el desafío no solo está en responder a nuevas formas de violencia, sino en lograr que el esfuerzo militar produzca efectos sostenidos. Es decir, que la Fuerza Pública aumente sus operaciones no implica mayor efectividad.
En 2025, esta realizó 234 acciones contra grupos armados, un aumento de 34,5 % frente a 2024. Sin embargo, durante ese mismo periodo los principales grupos aumentaron su número de integrantes y ampliaron su presencia territorial.
Le puede interesar: Abelardo "descongeló" a los militares: en un mes casi tumbó la "paz total"
A partir de todo el diagnóstico, la FIP recomienda diez puntos al Gobierno Nacional para pasar de una gestión de la seguridad que reacciona a los eventos a una que planea capacidades de manera permanente.
Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.
Entre las sugerencias está institucionalizar una evaluación periódica del entorno de seguridad; conectar las prioridades militares con las decisiones fiscales; establecer el costo del nivel mínimo de operación; asegurar financiación de largo plazo para la modernización; recuperar primero las capacidades que todavía pueden producir efectos; anticipar las capacidades que el país no puede permitirse perder y convertir la adaptación tecnológica en un requisito permanente.
Puede conocer el informe completo aquí.
Bloque de preguntas frecuentes